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Estados Unidos estaría violando sus propias leyes con la aplicación del acuerdo migratorio suscrito con Guatemala, que se ha traducido en la práctica en la deportación abusiva de solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños sin estudiar siquiera sus casos, a pesar del riesgo de conlleva para los Derechos Humanos, denunciaron ayer las oenegés Refugees International y Human Rights Watch (HRW) en un informe.
El estudio “Deportación con escala: Desprotección bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) entre Estados Unidos y Guatemala”, se basa en los testimonios de una treintena de hondureños y salvadoreños deportados a Guatemala y que dan cuenta no solo de las condiciones “abusivas” en la frontera estadounidense, sino también de los riesgos a su llegada a Guatemala.
La investigadora de HRW Ariana Sawyer detalló que todas las personas entrevistadas “dijeron que Estados Unidos nunca les dio la oportunidad de solicitar asilo en ese país ni de explicar por qué habían abandonado sus países de origen”. Tampoco tuvieron acceso a abogados, ni pudieron plantear su traslado a un tercer país considerado seguro, como establecen las leyes.
Otra de las autoras del informe, Yael Schacher, de Refugees International, advirtió que algunas de estas personas tenían “temores debidamente fundados de ser perseguidas” y consideraban “que en Guatemala no se les podría proteger”, por lo que estima que Estados Unidos “ha incumplido su responsabilidad y ha violado sus obligaciones internacionales al trasladar a personas en virtud del ACA”.
Un ciudadano salvadoreño cuenta que un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano directamente le dijo que “no hay asilo” y que “no se permite el ingreso de centroamericanos en Estados Unidos”, mientras que dos mujeres salvadoreñas aseguran que las autoridades no les permitieron presentar pruebas, algunas judiciales, que acreditaban los malos tratos sufridos a manos de sus parejas.
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Calvario en Guatemala
Los deportados relatan que, a su llegada a Guatemala, tuvieron que esperar horas en la pista de aterrizaje, sin comida, agua ni atención médica adecuada, ni siquiera para quienes tenían niños pequeños. El proceso de registro, en cambio, duró unos pocos minutos y, tras él, tenían 72 horas para decidir si querían quedarse en Guatemala o ir a otro país.
Muchos optaron por regresar a El Salvador y a Honduras, ya que en algunos casos las pandillas que les amenazaban en sus países de origen también tenían presencia en contactos en Guatemala.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha constatado que solo el 2 por ciento de los 939 migrantes deportados a Guatemala en virtud del acuerdo bilateral habían solicitado asilo en este país. Los traslados se interrumpieron en marzo, como medida de prevención por la pandemia de coronavirus.